El pasado 21 de diciembre los responsables de los partidos políticos PP y PSOE alcanzaron un acuerdo, al que posteriormente se sumó Ciudadanos, que permite no sólo clarificar la financiación del bono social, sino también que parte de éste se dedique a evitar los cortes del suministro eléctrico a las personas y familias que no puedan hacer frente a la factura de la luz. Guillermo Mariscal, portavoz de energía del Partido Popular, ha celebrado la consecución de este acuerdo, puesto que "establece un sistema bien definido de lucha contra la pobreza energética para limitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, María Jesús Serrano, responsable de Política Autonómica y Administraciones Públicas de la Comisión Gestora del PSOE, ha destacado el gran punto conseguido por esu partido ante este acuerdo, puesto que "prohíbe los cortes de luz a las familias reconocidas como más vulnerables". Esto demuestra que "la labor de oposición de los socialistas está sirviendo para mejorar la vida de la gente". Los pasos a seguir antes de su aplicación, prevista para dentro de tres meses, pasan por la aprobar un Real Decreto que clarifique la financiación del bono social que quedó en entredicho por una sentencia del Tribunal Supremo, creando una financiación correcta.

Hay que destacar que el texto normativo contempla que el bono social se aplique y que parte de éste se dedique a evitar los cortes de suministro de electricidad a aquellas familias y personas vulnerables. Por otra parte, los ayuntamientos y comunidades autonómicas también tendrán competencias en el asunto, por lo que durante la tramitación reglamentaria de la norma  "de manera consensuada con todos ellos" se especifícara el procedimiento y los pasos a seguir para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables y la mejora de las prácticas de comercialización. El desarrollo y especifícación del proceso durará unos tres meses, teniendo en cuenta los tiempos y normativas de Bruselas,los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y también los procedentes del Consejo de Estado. De todos modos, esta medida mejorará las ayudas ya existentes para los consumidores en situación de especial vulnerabilidad: en la actualidad hay 2,6 millones de hogares como consumidores vulnerables que reciben un descuento en la factura del 25%. Dentro de esta porcentaje, todavía hay uno menor formado por ciudadanos extremadamente vulnerables que cuentan con una atención especial de los Servicios Sociales municipales o autonómicos.

Mariscal, como responsable del PP, ha agradecido a los grupos parlamentarios que como el PSOE y Ciudadanos han querido aportar sus sugerencias a la propuesta del Gobierno, "en esta legislatura colaborativa todos tenemos que ser responsables". El PSOE, que se sumó a las movilizaciones convocadas en numerosas ciudades en contra la pobreza energética, explicó a través de su responsable, María Jesús Serrano, que los socialistas seguirán "trabajando día a día desde las instituciones para erradicar de una vez por todas la pobreza energética, que afecta al 10% de los hogares españoles".